Por Juan Pablo Garnham
(NEW YORK, Estados Unidos).- José Arbelo, de 49 años, se despertó el viernes en la mañana, se lavó la boca y se preparó para bajar las escaleras a la cocina, las que debe pasar con cuidado, debido a su discapacidad que le dificulta el caminar. “No vayas para allá, que hay un río”, le dijo un amigo. Sobre el concreto de la cocina común que comparte todo el edificio -alrededor de setenta personas- había grandes pozas que hacían imposible caminar. El agua provenía de retretes que habían colapsado.
“Yo ya quiero salir de este lugar”, dice Arbelo, uno de los cientos de neoyorquinos a los que no les queda otra opción que vivir en las llamadas “three quarter houses”, residencias de transición con severos problemas de hacinamiento, limpieza e infraestructura. Según la organización MFY Legal Services, habría alrededor de 400 de estos recintos en la ciudad, pero un equipo de trabajo creado por el alcalde De Blasio sólo ha podido ubicar 80 locaciones.
“Es una industria que floreció en medio de la crisis de vivienda, llegaron para llenar una necesidad que antes lograba satisfacer el sistema de albergues”, dice el abogado Matthew Main, de MFY Legal Services. “Son el último recurso para la gente de más bajos ingresos en la ciudad”.
“En mi edificio, en cada piso viven diez o doce personas y compartimos dos baños por piso”, explica José Arbelo. “Pero ahora, de ocho baños, sólo hay cinco buenos. Yo no los uso, prefiero ir a un restaurante al frente”.
Estas condiciones de hacinamiento, que son ilegales, no sólo están acompañadas por la mala infraestructura, poca seguridad y falta de limpieza. La mayoría de los caseros también obligan a los residentes a asistir a programas de rehabilitación por drogas y alcohol, requerimiento que también es ilegal. Los expertos dicen que los caseros, por su parte, reciben dinero de estos programas por cada residente que envían.
“El problema comienza con el hecho de que la asignación estatal para refugios es de $215 al mes, y para los adultos solos se les hace muy difícil encontrar vivienda en el mercado de Nueva York”, explicó frente al Concejo Municipal el comisionado Steven Banks, quien encabeza la Administración de Recursos Humanos de la ciudad (HRA). “Además, se generó un problema por la relación entre proveedores de tratamientos de uso de substancias y los operadores de estas casas, el que resultó en que ellos reciben vivienda si asisten a programas asociados, lo que es una violación de la ley de Medicaid”.
El equipo de trabajo especial que creó el alcalde De Blasio en junio no sólo ha logrado identificar estas 80 residencias, sino que ha comenzado a inspeccionar estas viviendas -donde se han encontrado numerosas faltas por seguridad-, ordenar mejoras y reubicar a residentes en viviendas temporales legales. A su vez, están trabajando para encontrarles vivienda permanente.
“Estas acciones han sido un primer paso muy importante. Lo primero fue aceptar que estas viviendas existen y sacarlas de las sombras”, comentó el abogado Matthew Main. “Están trabajando en los otros temas, y algo muy importante serán los nuevos fondos para más inspecciones y reubicaciones”.
Pero, mientras tanto, los residentes de estas viviendas deben convivir con otro miedo más. Muchas veces son desalojados de las residencias en las que están, sin un debido proceso y de manera improvisada. Y a esto se suman los problemas del día a día. En el caso de Arbelo, la calefacción del lugar apenas da abasto en los días de frío que se acercan. “Y hay unos ratones que parecen gatos”, dice antes de partir al programa de rehabilitación de substancias con el que “paga” su arriendo. “Supuestamente hay alguien que limpia, pero acá nunca lo he visto”.
“Estamos lidiando con una situación de emergencia, de gente que vive en condiciones de hacinamiento, algo que ha existido por años, pero salimos, los encontramos y hemos hecho algo al respecto”, concluyó el comisionado Banks.
Gran cantidad de latinos en estas residencias
“Muchos de los residentes han experimentado algún tipo de crisis. Están saliendo de periodos recientes de cárcel, han perdido sus trabajos, tienen problemas de salud o han utilizado sustancias”, dice el abogado Matthew Main. “Lo que los une es una necesidad desesperada de vivienda. Esta es la única opción para ellos”.
Aunque en la HRA explican que no pueden dar las ubicaciones específicas de estas viviendas, ya han detectado 80 y han logrado reubicar a 280 personas en viviendas seguras.
De acuerdo a otras fuentes, habría alrededor de 400 de este tipo de residencias en la ciudad, la mayoría de ellas en Brooklyn, pero otras tantas en El Bronx, Queens y Manhattan.
Especialmente en El Bronx, el porcentaje de latinos presente es muy alto. “Está por ahí por un 70%”, comenta Main. “Cuando hacemos clínicas legales en esa zona, un 60% de nuestras consultas son totalmente en español”.
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